La independencia científica europea se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea.
Con la reciente aprobación de la Ley de Aceleración Industrial a principios de marzo, el bloque busca fortalecer su capacidad tecnológica y reducir su dependencia de potencias como Estados Unidos y China.
La normativa no fue sencilla de aprobar. Durante meses generó discrepancias entre los países miembros, lo que retrasó su aprobación. Sin embargo, finalmente salió adelante con una meta clara: impulsar las industrias tecnológicas más estratégicas del continente y mejorar la competitividad de Europa en sectores clave del futuro.
Entre las áreas que recibirán mayor impulso se encuentran los vehículos eléctricos, las baterías, los paneles solares, las bombas de calor y los equipos para instalaciones de energía nuclear. También se incluyen sectores vinculados a la extracción y procesamiento de materias primas, así como la producción de acero, aluminio y cemento con bajas emisiones de carbono.
La independencia científica europea como estrategia industrial
La nueva legislación contempla diversas medidas para recuperar terreno frente a las potencias tecnológicas globales. Una de las más relevantes busca obligar a ciertos inversores extranjeros a cumplir requisitos específicos si desean invertir grandes sumas en el territorio europeo.
De acuerdo con el plan, los fabricantes provenientes de países que controlen más del 40 % de la producción mundial de un producto estratégico deberán cumplir al menos cuatro de seis condiciones cuando pretendan invertir más de 100 millones de euros en la Unión Europea.
Entre estos requisitos se encuentran contratar al menos al 50 % de trabajadores cualificados de la UE, no poseer más del 49 % de la inversión ni del control de la sociedad conjunta con socios europeos, realizar transferencia tecnológica y destinar al menos el 1 % de sus ingresos globales a investigación e innovación dentro del bloque. Además, el 30 % de los componentes del producto final deberán ser fabricados en Europa.
Nuevas reglas para fortalecer la industria europea
El requisito obligatorio será que al menos la mitad de la mano de obra sea europea. A partir de ahí, los inversores deberán cumplir al menos tres condiciones adicionales.
La estrategia también impactará directamente en el mercado de vehículos eléctricos. Por ejemplo, si un consumidor quiere comprar uno utilizando una subvención pública, el coche deberá estar ensamblado en la Unión Europea, contar con un 70 % de piezas europeas (sin considerar las baterías) y estas últimas deberán incluir al menos tres componentes fabricados en el continente.
El objetivo final de esta política industrial es ambicioso: crear alrededor de 150 000 empleos y lograr que para 2035 el sector manufacturero represente el 20 % del PIB europeo. Con estas medidas, Europa busca reforzar su papel en la carrera tecnológica global.
