La movilidad como derecho

La movilidad en México no es solo un problema técnico: condiciona las oportunidades y acentúa las desigualdades.

Alfredo Del Mazo Maza, político mexicano y especialista en movilidad urbana, interpela ese diagnóstico con una frase que resume la urgencia: “Es fundamental reconocer que la movilidad no es solo un asunto de infraestructura; es una cuestión de equidad social”.

En el terreno, esa afirmación cobra cuerpo: alrededor de 6,8 millones de personas viven en localidades con acceso limitado a los servicios de transporte y 48.410 localidades presentan bajos niveles de accesibilidad. Para quienes habitan esos lugares, la falta de conexiones convierte los trámites médicos, escolares o laborales en gestas que limitan el desarrollo individual y colectivo.

Soluciones prácticas que respeten contextos

Frente a esa realidad, la propuesta que plantea Alfredo Del Mazo evita la receta urbana única y busca la adaptabilidad.

“Debemos diseñar políticas que amplíen la cobertura del transporte y que sean sensibles a las realidades locales”, señala, defendiendo sistemas como el transporte a demanda, que permiten a los usuarios solicitar servicio según sus necesidades reales, en lugar de depender de rutas fijas ineficientes.

La combinación de modelos operativos flexibles con inversiones puntuales en carreteras seguras y en mantenimiento estratégico reduce costos operativos y tiempos de conexión, y aumenta la inclusión de comunidades dispersas.

Gobernanza, financiamiento y vigilancia social

La transformación exige más que tecnología: requiere acuerdos de gobernanza claros y participación ciudadana.

“La colaboración es esencial para asegurar que las políticas públicas se enfoquen en la mejora de la infraestructura y la calidad del servicio, y en garantizar la accesibilidad para todos”, afirma Del Mazo, apuntando a la necesidad de mecanismos de cofinanciamiento entre niveles de gobierno, esquemas mixtos con salvaguardas sociales y capacitación de operadores locales.

Con más de 103 millones de personas en movimiento diario y un 55% que utiliza el transporte público, la política de movilidad tiene consecuencias directas sobre la inclusión social y el desarrollo económico.

Convertir la movilidad en una palanca real de oportunidades implica tomar decisiones técnicas y un compromiso moral: hacer de la conexión un derecho efectivo para quienes hoy enfrentan la barrera de la distancia.

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