Las elecciones del 2021 serán las más grandes de la historia y se han caracterizado por la búsqueda de la equidad de género y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, el tema ha escalado a prácticamente todos los sectores, industrias y ámbitos, siendo el político uno de los más relevantes actualmente para México, por encontrarse próximo a realizar un proceso electoral importante.
Estas elecciones se distinguen por el número de cargos elegibles y de electores, diversos especialistas, políticos y líderes de opinión, han destacado la actuación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), liderada actualmente por el Magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, en referencia a la lucha contra la violencia política de género, catalogándola como una de las más oportunas y afín a los tiempos que se viven en el mundo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) precisa que la violencia de género se encuentra entre los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, y que ésta ha aumentado a partir del incremento en la participación, representación y búsqueda de cargos políticos.
Y aunque en México la Ley General en Materia de Delitos Electorales no incluye la tipificación por violencia política de género, autoridades electorales como el TEPJF o el INE, en coordinación con otros organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por mencionar algunos, han asumido el compromiso de garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales, así como la protección de los derechos humanos de las mujeres que aspiren a cargos políticos en nuestro país.
Y es en ese sentido, que la Sala a cargo del Magistrado Vargas Valdez ha destacado en semanas recientes por dos fallos que de acuerdo con los expertos en la materia, serán cimientos de la lucha que mantienen las mujeres para no ser violentadas en el ejercicio de sus derechos políticos.
La primera de esas resoluciones, fue la emitida el pasado 20 de enero cuando el TEPJF exhortó al diputado federal del PT Gerardo Fernández Noroña, a reparar y restituir el daño causado a la diputada del PAN, Adriana Ávila en octubre de 2019, cuando a través de declaraciones incurrió en violencia política de género.
De igual forma, el TEPJF ratificó este jueves la decisión de la Sala Especializada para sancionar a Sergio Jesús Zaragoza Sicre por haber ejercido violencia política de género en contra de la senadora Lilly Téllez, cuando participó en el proceso electoral de 2018.
Ambas resoluciones evaluadas en la Sala Superior del TEPJF, han dado paso a que sean cada vez más las mujeres involucradas en la política las que señalen casos de violencia de género cometida dentro de ese ámbito, lo que aseguran es un paso hacia adelante en favor de la democracia y equidad en el país.
Asimismo, se ha destacado por especialistas la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que entre otras cosas, impedirá a los inscritos disputar cargos de elección popular en el país.
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