Desde 2019, la movilidad en México es reconocida como un derecho humano fundamental gracias a la reforma constitucional que impulsó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta normativa establece el acceso seguro y equitativo al transporte, aunque su implementación sigue siendo un desafío, según indica Alfredo Del Mazo Maza, exgobernador del Estado de México y defensor de la movilidad como derecho.
La Ley General fue creada mediante un esfuerzo conjunto entre autoridades y organizaciones civiles, siguiendo la Nueva Agenda Urbana de la ONU. Del Mazo destaca que la movilidad segura responde a una visión que busca construir ciudades más humanas e inclusivas.
El efecto de la pandemia ha hecho evidente la necesidad de espacios accesibles, con un aumento del 21 % en el tránsito en zonas residenciales de la Ciudad de México. Del Mazo reitera que “la movilidad debe ser un derecho garantizado, que facilite el acceso a servicios básicos sin riesgos”.
Uno de los objetivos de la ley es permitir que municipios desarrollen proyectos de transporte público, pero la infraestructura insuficiente es un obstáculo. La SEDATU señala que el 56 % de las viviendas carece de acceso adecuado al transporte público, lo que resalta la urgencia de implementar la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV).
La Ciudad de México ya avanza en este sentido con su plan “Movilidad Inteligente y Sustentable”. Alfredo Del Mazo afirma que “la colaboración entre todos los niveles de gobierno es esencial para que la movilidad sea un derecho y no un privilegio, promoviendo una sociedad más equitativa”.
