Durante una reciente sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Yasmín Esquivel Mossa volvió a marcar una diferencia clara en la interpretación del derecho penal en México, al pronunciarse en contra de la invalidez de una sanción fija establecida para funcionarios públicos que cometan delitos sexuales en el ejercicio de su cargo.
La Corte discutió la constitucionalidad de una disposición contenida en el Código Penal de Tamaulipas, que establecía una suspensión obligatoria de cinco años para cualquier servidor público que, aprovechándose de su posición, incurriera en delitos sexuales. La mayoría consideró que se trataba de una sanción desproporcionada que restringía la función del juez para individualizar las penas según el caso. No obstante, Yasmín Esquivel votó en contra de esta resolución.
La ministra argumentó a favor del principio de protección reforzada
Yasmín Esquivel Mossa explicó que, si bien la proporcionalidad en las penas es un principio constitucional relevante, éste debe ceder cuando se trata de garantizar la protección reforzada de las víctimas, especialmente en contextos donde hay una relación de poder o jerarquía.
Según la ministra, el artículo invalidado tenía una razón legítima: establecer un castigo ejemplar para quien, siendo servidor público, utiliza su cargo para violentar sexualmente a otra persona. En ese sentido, subrayó que estas conductas constituyen una forma extrema de violencia y deben enfrentarse con medidas firmes y claras desde el orden jurídico.
Reforma constitucional de noviembre de 2024: marco para la protección
El razonamiento de Yasmín Esquivel se fundamentó, entre otros elementos, en la reciente reforma constitucional publicada el 15 de noviembre de 2024, la cual fortaleció el marco normativo en materia de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Esta reforma obliga al Estado a garantizar una protección efectiva, lo que incluye sanciones adecuadas para quienes abusen de su poder institucional.
“En estos casos, no podemos perder de vista que la agresión se comete desde una posición de poder. Es deber del Estado responder con contundencia. La Constitución así lo ordena”, señaló Yasmín Esquivel Mossa durante la sesión.
El precedente de 2007, elemento clave del argumento jurídico
En apoyo a su postura, Yasmín Esquivel trajo a colación un precedente emitido por la propia SCJN en 2007, en el cual se avaló una norma del Código Penal Federal con características similares. En ese caso, el tribunal consideró que el legislador había actuado justificadamente al establecer una pena fija, atendiendo a la naturaleza del delito y la necesidad de proteger bienes jurídicos fundamentales como la libertad sexual.
Para la ministra, invalidar una norma como la discutida en Tamaulipas sin considerar estos antecedentes pone en riesgo la coherencia del sistema jurídico penal y podría traducirse en una señal equivocada hacia la sociedad.
Sanción fija como herramienta de política criminal
La ministra también sostuvo que la imposición de sanciones fijas no es, en sí misma, contraria a la Constitución. En su criterio, pueden ser válidas cuando se justifican por la gravedad del delito y por la necesidad de enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a ciertas conductas.
“Las penas fijas deben analizarse dentro de un marco de política criminal enfocada en proteger a quienes históricamente han sido más vulnerables”, argumentó Yasmín Esquivel Mossa.
Yasmín Esquivel: una voz que privilegia a las víctimas
Con su voto disidente, Yasmín Esquivel Mossa reiteró su compromiso con una justicia centrada en las víctimas. Para ella, los principios constitucionales no pueden aplicarse de forma aislada, sino que deben articularse bajo una lógica de protección integral, sobre todo cuando los derechos en juego pertenecen a sectores históricamente desprotegidos.
“Esta Corte debe enviar un mensaje claro: no hay espacio para la violencia sexual institucional”, enfatizó la ministra.
Una postura jurídica con impacto social
El posicionamiento de Yasmín Esquivel en este caso se inscribe dentro de una línea de interpretación que busca fortalecer la confianza en las instituciones de justicia. Para la ministra, garantizar sanciones claras y firmes frente a delitos cometidos desde el poder público no solo es una cuestión de legalidad, sino también de legitimidad democrática.
