La ambición de la familia Rosas Moya

Yucatán, 15 diciembre.-  Rosas Moya son los apellidos de una familia a la que señalan de ser un sinónimo de corrupción en la península de Yucatán. A la cabeza de este clan se encuentra Rodolfo Rosas Moya, conocido desarrollador de la región, acusado en el pasado de millonarios desfalcos. Cuentan que en el 2002 se vio obligado a huir del estado en la cajuela de un auto para evadir una orden de aprehensión en su contra.

En 2018, la ambición de Rosas Moya encontró cabida en la campaña del panista Mauricio Vila, a la que se comenta se le invirtió millones de pesos a cambio de influencia dentro del flamante gabinete. Por ejemplo, su hermana, Olga Rosas Moya, primero como secretaria de Finanzas del estado y después como la primera directora de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica en Yucatán. En 2020, año de la pandemia, la familia Rosas Moya, a través de su empresa Grupo R4, recibió millonarios recursos como parte de un programa de apoyos económicos al sector empresarial, recursos que jamás fueron auditados. Entre los beneficiados está Rodolfo Rosas Cantillo, hijo de Rodolfo Rosas Moya, quien recibió del gobierno millones de pesos para salvar sus antros, mientras la mayoría de los negocios de la región morían por falta de recursos. Este clan, como se conoce en Yucatán ahora pretende quedarse con Chichen Itzá ilegalmente, nos platican fuentes de la región.

En medio de la pandemia, Fernando Barbachano llegó a un acuerdo con Rodolfo Rosas Moya, quien propuso comprarle los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, pertenecientes a su familia desde hace más de cien años y donde se han hospedado personajes como Jackie Kennedy, el Che Guevara y Fidel Castro.

Sin embargo, el “empresario” yucateco no depositó ni en tiempo ni forma la cantidad convenida, por lo que ante la falta de seriedad, la familia Barbachano optó por darle dos opciones: cubrir la totalidad del precio pactado, o bien, rescindir el contrato.

En lugar de eso, Rosas Moya utilizó a la Fiscalía de Yucatán para allanar violentamente los hoteles. Después de casi 2 años de litigios, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ordenó al gobierno de Mauricio Vila la devolución inmediata de los hoteles a sus legítimos dueños. A pesar de la resolución a favor de los Barbachano, el fiscal de Yucatán Juan Manuel León ha congelado el caso y hasta la fecha se niegan a devolverlos.

Es difícil tratar de explicar por qué el popular gobernador hace caso omiso a este tema. Cada vez son menos los días que le quedan a Mauricio Vila en el Palacio de Gobierno, sin embargo queda la duda, ¿protege el gobernador al clan?

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