La administración de Donald Trump dio un giro en su estrategia sobre inteligencia artificial al firmar una orden ejecutiva que permitirá al gobierno de Estados Unidos acceder de forma anticipada a modelos avanzados de IA antes de su lanzamiento público. La medida busca fortalecer la protección de infraestructuras críticas frente a los nuevos riesgos que plantea esta tecnología.
La decisión responde a la creciente preocupación por la capacidad de los modelos de frontera para identificar vulnerabilidades informáticas que actores maliciosos podrían aprovechar en ataques contra sectores estratégicos.
Trump redefine la estrategia de seguridad para la inteligencia artificial
La orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento del Tesoro, a la Oficina Nacional del Director de Ciberseguridad y al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) para que definan, en un plazo de 60 días, los criterios que identificarán los modelos de inteligencia artificial que requieren una evaluación anticipada.
Con esos parámetros, las empresas tecnológicas identificarán los desarrollos que deban participar en el proceso de revisión. Después, el gobierno solicitará hasta 30 días de acceso previo al lanzamiento para analizar sus capacidades y compartir los resultados con operadores seleccionados de infraestructura crítica.
La industria respalda un modelo voluntario de evaluación
La nueva política marca un cambio respecto a la postura inicial de la administración. En enero de 2025, Trump eliminó el requisito impulsado por el gobierno anterior que obligaba a las compañías de inteligencia artificial a entregar pruebas de seguridad a las autoridades, al considerar que esa medida frenaba la innovación.
Organizaciones como Business Software Alliance e Information Technology Industry Council respaldaron la nueva orden porque consideran que promueve un esquema voluntario, transparente y colaborativo entre empresas, autoridades y especialistas en seguridad. Al mismo tiempo, algunos legisladores sostienen que el cambio llega después de que el gobierno redujera mecanismos relevantes de protección cibernética y supervisión tecnológica. Además, el nuevo proceso mantiene abiertas las diferencias dentro de la administración sobre el nivel de participación que debe asumir el gobierno en la supervisión de la inteligencia artificial.
