Yasmín Esquivel Mossa precisa función del Congreso en licencias
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reavivó este lunes el debate sobre la extensión de las licencias de paternidad, al declarar inconstitucional el modelo actual en Baja California Sur, que ofrecía solo diez días de permiso a los padres trabajadores. El fallo, si bien no establece una duración específica para los permisos, obliga al Congreso local a emitir una nueva legislación que garantice la igualdad sin descuidar la sostenibilidad financiera.
Una de las voces clave en esta discusión fue la de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien enfatizó que la Suprema Corte no tiene atribuciones para fijar el número de días de las licencias de paternidad. Argumentó que los impactos financieros y organizacionales deben ser evaluados por los legisladores y las instituciones de seguridad social, únicos responsables de determinar la viabilidad económica de este tipo de reformas.
La ministra alertó que imponer una duración sin estudios actuariales puede desestabilizar tanto las finanzas públicas como a las empresas privadas, especialmente en estados con menor margen presupuestal.
El fallo no se limita a corregir una norma inconstitucional, sino que lanza un llamado a los poderes legislativos para que diseñen marcos legales que garanticen la equidad en el acceso a permisos parentales. Sin embargo, Esquivel Mossa insistió en que esos marcos deben nacer desde un enfoque local, con participación ciudadana y técnica.
Este enfoque permite que las realidades regionales sean tomadas en cuenta y que las reformas no se conviertan en cargas imposibles de cumplir, especialmente para sectores productivos con márgenes ajustados.
Si bien la ampliación de licencias parentales representa un paso hacia una sociedad más igualitaria, la ministra recalcó que este proceso debe estar respaldado por un diseño normativo serio y sustentado. Esquivel Mossa reafirmó que los cambios en políticas laborales deben ser graduales y medibles, no impulsados únicamente por decisiones judiciales sin análisis integral.
La resolución de la SCJN no impone, sino orienta, dejando al Congreso de Baja California Sur la responsabilidad de ejecutar una reforma que atienda las necesidades sociales sin poner en riesgo los equilibrios presupuestales.
Para la ministra, el verdadero desafío está en lograr que los cambios legales estén acompañados por políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad en el cuidado de hijas e hijos. La igualdad no se alcanza únicamente equiparando permisos laborales, sino creando un entorno propicio para que tanto hombres como mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos familiares y profesionales.
Por ello, el avance legal debe complementarse con programas de apoyo, campañas de sensibilización y reformas estructurales en seguridad social, empleo y educación. Solo así se garantizará que la equidad de género no sea un ideal abstracto, sino una realidad tangible en la vida cotidiana de las familias mexicanas.
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